Reclamo masivo ante la sede municipal matancera contra el desalojo de los vecinos del Barrio La Nueva Unión
“No al desalojo” y “Tierra para vivir”. Bajo estas consignas los vecinos del Barrio La Nueva Unión de Rafael Castillo, se movilizaron ayer frente al Palacio Municipal matancero para reclamarle al intendente Fernando Espinoza que no ejecute el desalojo del asentamiento dispuesto por juez Occhipinti.
La columna compuesta por hombres, mujeres y niños llegó a la Rotonda de San Justo a las seis de la mañana y cortó en su totalidad la Ruta 3 y Camino de Cintura para hacer visible su rechazo a la orden de desalojo dispuesto, el viernes 10, por el titular del Juzgado de Garantías número 3, el fiscal Bianchi, y por el juez Occhipinti.
La orden no tiene fecha de ejecución, por lo que queda en manos del ejecutivo local y del primer mandatario provincial tomar la decisión política de llevarla adelante. En otras palabras, está en manos del gobernador Axel Kicillof y del intendente Espinoza la decisión de concretar o no el desalojo.
Es por eso, que una delegación de Vecinos Organizados del Barrio La Nueva Unión solicitaron una reunión con autoridades municipales que tienen pactada para el próximo lunes 20 a las 14.30. A pesar de ello, decidieron reforzar su protesta al marchar frente a la sede municipal.
El reclamo no sólo se sustenta en la intención de que no se ejecute el desalojo porque los obligaría a dejar el lugar, sino también para demandar al Municipio soluciones habitacionales para las mil familias que desde hace casi dos años ocupan el predio.
El flamante concejal matancero del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Juan Romero, reclamó un plan de urbanización para barrios populares: “Los vecinos del Barrio La Nueva Unión de Rafael Castillo, reclaman por tierra para vivir y el gobierno responde con una orden de desalojo dictada por un juez y un fiscal que lo quieren llevar a cabo en estos días. No vamos a permitir el desalojo”.
Por su parte, Vecinos Organizados del Barrio Nueva Unión expresaron a través de un comunicado su “predisposición al diálogo para adquirir las tierras de manera legal, y poder abonarlas mediante cuotas accesibles y acordé a la necesidad de cada una de las familias que habitamos la tierra”.
El asentamiento se formó durante la pandemia ante la crítica situación económica derivada de la cuarentena estricta, cuya consecuencia fue la imposibilidad de obtener recursos para solventar los gastos de alimentos y de alquiler de numerosas familias que decidieron ocupar 80 hectáreas ubicadas entre las calles Río Cuarto, Polledo y García Merou, de Rafael Castillo.
En el lugar, al que denominan barrio recuperado, construyeron casillas en lo que era un basural abandonado. Allí viven alrededor de mil familias en condiciones precarias debido a la carencia de los servicios básicos, tales como, agua, energía eléctrica y cloacas.
La mayoría de los habitantes del barrio son mujeres, por lo que muchas de ellas se constituyen en el único sostén del hogar que, además, pusieron en funcionamiento varios comedores y merenderos para alimentar a los niños.
Los representantes de los vecinos denuncian, por otra parte, que padecen amenazas, persecuciones y el hostigamiento de la policía que, en ocasiones, queman algunas de las casillas.
“Somos gente laburante, no somos delincuentes. Por la pandemia no llegamos con los gastos, aunque trabajamos 14 horas por día. Por ese motivo llegamos a este lugar y pedimos una ayuda y una mano del Gobierno”, dijo uno de los representantes de los vecinos del Barrio La Nueva Unión.
