Derechos, perspectiva de género y capacitación, los ejes del proyecto de nueva ley de discapacidad
(Por Eurídice Ferrara) El proyecto para una nueva ley de discapacidad, que será presentado en agosto en el Congreso Nacional, está siendo construido “desde la perspectiva de género y la interseccionalidad”, a partir de un paradigma que reconozca los derechos de las personas, simplifique los trámites y de capacitación “obligatoria y sistemática a los tres poderes”, aseguró el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga.
Para eso, desde el 21 de marzo se vienen realizando “consultas federales” a través de audiencias públicas convocadas por Andis en distintos puntos del país, en las que organizaciones y personas aportan su mirada para nutrir el debate hacia el proyecto que reemplazará a la actual Ley Nacional Nº 22.431, jornadas que finalizarán hoy.
“La forma de construcción de nueva ley será desde la perspectiva de género, con interseccionalidad, donde la discapacidad irá sumada a condiciones, como la mujer, lo sexual, pueblos originarios; y sobre todo desde el modelo social de la discapacidad, que instaura la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” (CDPD), dijo Télam Galarraga.
La transformación de un paradigma médico o rehabilitador a otro social “implica dejar de ver a las personas con discapacidad como enfermas, con un déficit o a quienes hay que curar, además de las miradas que generan estigmatización”, añadió.
La Argentina suscribió la CDPD a través de la Ley Nacional Nº 26.378, sancionada en 2008, la cual “reconoce que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano”.
Seis años más tarde, en 2014, la Ley Nacional Nº 27.044 otorgó jerarquía constitucional a la CDPD, en línea con lo establecido por la Carta Magna reformada en 1994. En ese camino, el director de Andis destacó “la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso”.
El proyecto de normativa marco también reconoce “la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”.
Las temáticas discutidas que recibieron aportes en las audiencias públicas se trazaron en las áreas de educación, trabajo, salud, protección social, accesibilidad, participación política y vida autónoma e independiente, entre otros ejes.
Ante la pregunta sobre cuáles se tendrán en cuenta, Galagarra señaló que se debe “encontrar un equilibrio entre la realidad de Argentina y lo que te piden”.
“Entendemos que vamos a hacer una ley moderna y progresista, tenemos el respaldo del Presidente para avanzar en esos cambios y se ha generado una movida muy importante, porque muchas transformaciones no tienen que ver exclusivamente con algo presupuestario”, dijo.
En ese sentido, trazó un paralelismo entre el trabajo que realiza el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en materia de género y políticas públicas. “Nosotros lo estamos haciendo en discapacidad, para que cada área diseñe políticas y acciones en sus competencias con perspectiva de discapacidad”, añadió.
Entre las modificaciones que incluirá la nueva ley, estarán las “capacitaciones y formación sistemática y obligatoria con perspectiva de género y discapacidad, extensiva al personal de salud, docente y a los tres poderes” que Galarraga calificó como “una especie de Ley Micaela”.
También se contempla el control de su aplicación a través de un mecanismo independiente y se planea crear áreas transversales de la discapacidad para evitar tenerlas en diferentes ministerios, lo que aumenta la burocracia que sufren las familias para acceder a un certificado o a una prestación.
“Si vos tenés un buen registro, mecanismo de certificación, auditoría, el proceso de renovación de certificados no es tan engorroso; por eso vamos a cambiar la disponibilidad de documentos para que nuestra base de datos, que cuenta con 1,5 millón personas con discapacidad, dialogue con otros organismos, porque es un gran reclamo el trámite de renovación de los certificados”, explicó el director de Andis.
En ese sentido, Galarraga señaló que “la discapacidad no se padece, pero las barreras sí, y eso tenemos que cambiarlo”.
Por su parte, Gabriela Troiano, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI – http://redi.org.ar/), enfatizó los principales reclamos y necesidades que deben tenerse en cuenta en el armado de la nueva ley.
Como primer punto, Troiano planteó tener un anteproyecto de ley para poder dar opiniones sobre pautas signadas por la CDPD.
A través de un documento que entregaron a la Andis, los integrantes de REDI se refirieron a la “escasez de estadísticas en las políticas públicas” y objetaron “falencias” en los datos recabados en el reciente Censo Nacional 2022.
“En el Censo se preguntaba si había algún integrante con ‘dificultades’ en los hogares, pero se desconoce cuántas personas con discapacidad viven en esos hogares, ni si son trans, de bajos recursos o de pueblos originarios”, opinó Troiano.
Otro eje es “la vida autónoma e independiente, en la cual aparecen temas como la asistencia personal, la del asistente terapéutico, el tema de la desinstitucionalización, estrictamente vinculada a la vida independiente”, detalló la activista.
En ese punto se busca que la persona pueda acceder a un trabajo y reciba apoyo para poder desenvolverse en la vida diaria.
“Para quien esté en sillas de ruedas y tenga parálisis cerebral, es importante que tenga a alguien que haga de su voz, que puedan escribir con macrotipos por la disminución visual, o para quienes no se pueden levantar por sí solas de la cama”, ejemplificó.
Además, se refirió al cumplimiento de al menos el 4% del cupo laboral en el Estado nacional -establecido por la Ley que buscará ser modificada- y sus entes autárquicos y descentralizados y el respeto de la autonomía de mujeres y niñas, quienes sufren abusos. “Se necesita una perspectiva de género”, añadió Troiano.
Con respecto a proyectos de ley existentes que plantean o reclaman tener un certificado de discapacidad permanente, consideró que “hay que buscar un intermedio porque hay discapacidades que se van complejizando, cambiando y eso hay que actualizarlo”.
Finalmente, Troiano remarcó la importancia de la accesibilidad en el transporte, en la educación con bibliografía en formatos accesibles, lenguas de señas, audiolibros “para eliminar barreras y tener igualdad de oportunidades”.
