“Los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ley Bases”, dice el Gobierno
El viernes último había sido aprobada en general por la Cámara de Diputados.
Foto/Andrés Pelozo
El Gobierno responsabilizó a los “gobernadores” por el retorno a comisión de la ley Bases, que el viernes último había sido aprobada en general por la Cámara de Diputados, y los acusó de “destruir” esa normativa.
“El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor frustren el futuro de todos los argentinos”, manifestó la oficina del mandatario en un comunicado oficial
El Poder Ejecutivo consideró así que “los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla”.
“Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, añadió el Gobierno.
La administración de La Libertad Avanza (LLA) reprochó que esos sectores “llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio para hoy traicionar a sus votantes”.
“No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno”, cerró el comunicado oficial.
La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases y se levantó la sesión, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno tendrá que ser analizado de nuevo.
La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales, entre otros.
