Un libro bucea en los juicios por el Plan Cóndor, el operativo represivo “más ambicioso”

El análisis de 3.000 documentos, el seguimiento puntilloso de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la región y una intensa serie de entrevistas dieron como resultado “Los juicios del Cóndor”, un libro de reciente aparición en el que Francisca Lessa, académica de la Universidad de Oxford, vuelca su convicción de que el plan que coordinó la represión a opositores en el Conosur fue “mucho más ambicioso que cualquier otro en otras partes del mundo”.

“Hubo algunas otras operaciones que pueden compararse y que se enmarcan en el mismo contexto de la Guerra Fría global y lo que se llamaba en ese momento la lucha contra la subversión. La diferencia es que el Cóndor era mucho más ambicioso. En su momento de máximo esplendor, 1977-1978, abarcaba ocho países de América del Sur y hasta estableció una zona de terror e impunidad sin fronteras en toda la región. Alcanzó un nivel de institucionalidad y cooperación profunda y un alcance geográfico que lo tornan excepcional”, evaluó Lessa.

En declaraciones a Télam, Lessa, referente en estudios sobre derechos humanos en América Latina y titular honoraria del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay, reseñó el camino que la llevó a la publicación de la investigación sobre la represión transnacional coordinada por las dictaduras sudamericanas, así como los procesos de búsqueda de verdad y justicia.

La excusa de Lessa para zambullirse en el plan represivo es la historia de Anatole y Victoria Julien Grisonas, dos niños que el 22 de diciembre de 1976 fueron abandonados en la plaza O’Higgins de la ciudad portuaria chilena de Valparaíso luego de haber transitado por cárceles clandestinas de Argentina y Uruguay.

Sus padres, Roger Julien y Victoria Grisonas, eran miembros del Partido por la Victoria del Pueblo, armado por exiliados uruguayos, y fueron capturados por agentes de seguridad argentinos y uruguayos en la provincia de Buenos Aires. Era la síntesis del accionar trasnacional.

Docente de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo de la Universidad de Oxford, doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics and Political Science y con aportes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Washington Office on Latin America (WOLA), Lessa fue perita frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ese caso de la familia Grisonas.

“El objetivo inicial era bastante acotado. Empecé en 2013 a seguir el juicio Cóndor, en Buenos Aires, por una amiga uruguaya sobreviviente del centro Automotores Orletti. Y en base a eso profundicé en la coordinación represiva. Obviamente, después la idea se amplió, y hay capítulos sobre juicios en Italia, en Chile, en Uruguay… Y sumé un relato detallado acerca de cómo se creó el Plan Cóndor y cómo se fue desarmando con el paso del tiempo la coordinación represiva”, reseñó la académica.

Con datos y documentación, Lessa desnuda que la “colaboración represiva” ya existía en la región desde 1969, aunque “se fue perfeccionando y profundizando”, hasta llegar a la que considera “la etapa más institucionalizada y letal”, de 1976 a 1978.

En su intercambio con Télam, Lessa reveló que “los niveles desiguales en avances judiciales en cada país representaron un reto, porque son resultados de dinámicas políticas y sociales muy complejas”, que atienden a algún “elemento común, como la existencia de leyes de impunidad, y otros muy distintos, como el poder residual de las Fuerzas Armadas, cómo se dio la transición y el poder de los partidos”.

Un factor extra tenía que ver con “los modelos de persecución penal puestos en marcha”, porque en Argentina e Italia se dan juicios orales y públicos y en Chile y Uruguay son procesos escritos sin audiencias abiertas.

“La cercanía con el juicio permite conocer de otra forma lo que pasa. Vi con mis ojos la construcción de un relato jurídico. Por eso el resultado en el libro es un relato más profundo, con detalles. En Italia estaba el desafío del idioma, de la complejidad de los delitos, de la distancia geográfica, del número de víctimas. Y en Chile y Uruguay el acceso a la información era de otro nivel”, explicó.

Consultada sobre si existió en el mundo algún plan que pueda igualarse al Cóndor, Lessa señaló que “hubo operaciones que pueden compararse y que se enmarcan en el mismo contexto de la Guerra Fría global y lo que se llamaba en ese momento la lucha contra la subversión, como la llamada Operación Fénix, diseñada y armada por la CIA en el marco de la guerra en Vietnam”.

Ahí participaron integrantes de las Fuerzas Armadas de EEUU, Australia, y Vietnam del Sur y funcionó de 1967 a 1972. 

“Era una campaña para identificar y destruir a miembros de organización revolucionaria Viet Cong a través de secuestros, asesinatos, torturas, y se parece en objetivo, en fechas, en métodos, y en el rol clave de EEUU”, expresó.

Pero enseguida marca las diferencias: “El Cóndor era mucho más ambicioso. En su momento de máximo esplendor, 1977-1978, abarcaba ocho países de América del Sur y hasta estableció una zona de terror e impunidad sin fronteras en toda la región. Hubo hasta un asesinato en EEUU (el del excanciller chileno Orlando Letelier). Fue ambicioso en su geografía del terror, y desde la institucionalidad”.

A modo de ejemplos del mayor desarrollo de esta iniciativa en el Conosur, reseñó que “hubo un sistema de intercambio rápido de información y una oficina Cóndor Eje en Buenos Aires con oficiales de Chile y Uruguay y operativos fuera de Sudamérica”, lo que habla de “un nivel de institucionalidad y cooperación profunda”.

Voz autorizada después de tamaña investigación para hacer un balance para los países del Conosur, Lessa evalúa que se trata de “la pregunta más difícil, porque la búsqueda de verdad y justicia es como un horizonte, y si bien la región se acercó mucho, aún no lo alcanzó”.

“No hay dudas que si miramos 40 años, los avances en 20 marcan un punto de inflexión. La impunidad solía ser la norma, con muy pocas excepciones. El juicio a las Juntas (en Argentina) y la Conadep marcaron un antes y un después en la región y hasta a nivel mundial. Fueron dos hechos excepcionales, aunque les siguió la sanción de leyes de impunidad”, repasó.

Y marca luego “otro momento, a comienzos del 2000, cuando se empieza a romper ese muro de impunidad gracias a familiares, víctimas, abogados de derechos humanos”, con lo que se llega a “avances en causas en 22 años, que seguramente constituyen logros sin precedentes”.

“Pero eso no quiere decir que el tema está cerrado. Quedan muchos retos pendientes, en particular la imposibilidad de enjuiciar a algunos actores, como empresarios. Estamos en una situación de riesgo de impunidad biológica, porque víctimas e imputados se mueren antes de que haya sentencia. Es una situación de dos caras: hay sin duda muchos logros y logros sin precedentes, históricos, pero tampoco podemos quedarnos conformes, porque queda mucha justicia por lograr”, concluyó.