Trabajadores de la salud bonaerense piden a la Gobernación mayor presupuesto para “salarios e insumos”

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), gremio que presente en los 80 hospitales públicos bonaerenses, hospitales municipales, centros de salud provinciales y el Hospital Posadas (nacional pero emplazado en Morón), expresó ayer que “en el peor momento de la pandemia” necesitan medidas gubernamentales para “fortalecer a los equipos de salud” y un “presupuesto extraordinario para nombramientos, salarios e insumos”.

Mediante un comunicado, remarcaron que “los salarios pierden frente a la inflación” en un marco donde “el aumento de los alimentos no cesa y empuja fuertemente el porcentaje de inflación licuando cualquier esquema de aumentos salariales”, y en ese contexto “las y los trabajadores de la salud venimos exigiendo una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante el 2016-2019 (39%) y un reconocimiento a la tarea que estamos llevando adelante durante la pandemia”.

“En ese camino, nuestra paritaria 2020 superó con margen a los aumentos de precios pero el ritmo inflacionario de este primer cuatrimestre enciende todas las alarmas y nos pone en estado de alerta”, completaron al respecto.

En este sentido, reclamaron que “en medio de la segunda ola, y a pocas semanas de que comience el invierno, resulta indispensable fortalecer a los equipos de salud con mejores salarios y nombramientos genuinos” y por ello pides la realización de “mesas técnicas para el pase a planta permanente de las y los interinos prolongados, el llamado a concursos de ingreso y funciones, la resolución de todos los expedientes demorados, el pase de Ley y la incorporación a la Ley 10.471 (Carrera Profesional Hospitalaria bonaerense) de todas y todos los profesionales, y la continuidad laboral para las y los residentes que finalizan su formación durante el 2021”.

Por otra parte, el sindicato se refirió “las restricciones y las vacunas”, al precisar que “las cifras de contagios y fallecimientos de la última semana marcan claramente que atravesamos el peor momento de la pandemia” y que “las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno nacional, adoptadas en la provincia y en gran parte de los distritos que la componen, sin dudas, son una parte de las medidas necesarias y que venimos reclamando para frenar la segunda ola que está fuera de control, mientras continúa el plan de vacunación”.

“Como lo veníamos planteando desde nuestra organización sindical, era imprescindible tomar disposiciones más drásticas para descomprimir un sistema de salud saturado y bajar la exposición al riesgo de la población”, señalaron, y agregaron que “la demora en la decisión gubernamental y la fuerte resistencia ejercida por los sectores de la economía concentrada y la derecha a cualquier medida restrictiva nos coloca hoy en una delicada situación”.

“Habrá que evaluar luego si la cantidad de días que se han establecido son suficientes continuaron- aunque, seguramente, como marcan muchos especialistas, se requerirán mayores períodos de restricción temporaria. Para evitar futuras especulaciones y una gestión de la pandemia ejecutada con decretos de necesidad y urgencia parece correcta la idea de una Ley Nacional de cuidados con un semáforo epidemiológico en donde predomine el criterio sanitario”.

“Los testeos a escala para ese mapeo epidemiológico, las restricciones periódicas con apoyo social y la vacunación masiva, son las claves de una política integral para encarar la pandemia”, precisaron, y opinaron que “de concretarse la llegada de millones de dosis durante la semana que comienza puede convertirse en un alivio en medio de la tormenta”, aunque “la desigualdad impuesta por una geopolítica que no permite ni siquiera medidas humanitarias, como la liberación de las patentes, condena a la mayoría de los países a un ritmo de vacunación insuficiente para evitar un 2021 con cientos de muertes diarias”.

Ante ese panorama, opinaron que “la Argentina deberá replantear su política de producción pública de vacunas y medicamentos, con una fuerte inversión estatal, para tener un futuro con mayores niveles de soberanía sanitaria frente a un mañana incierto”.

También reflexionaron que “nuestro país enfrenta una crisis sanitaria y económica de proporciones que imponen la necesidad de establecer prioridades” y que “la recuperación de los salarios, acordes a la canasta familiar, el auxilio a los pequeños productores y comerciantes, junto a la ayuda universal de los sectores más vulnerables de la población, deben ser garantizados previo a cualquier acuerdo con los acreedores”.

“La deuda contraída con el FMI es una espada de Damocles en medio de la crisis, no habrá salida si no se suspende el pago y al mismo tiempo no se realiza una reforma impositiva progresiva y redistributiva que corrija las enormes desigualdades en un país con un 42% de la población inmersa en la pobreza”, finalizaron.