Investigadores analizan las consecuencias de la pandemia en el conurbano

Investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de General Sarmiento analizan de qué manera la pandemia impactó en el vasto y diverso territorio del conurbano bonaerense, una de las regiones más afectadas por la COVID-19. Algunas de las conclusiones fueron reunidas en un libro digital recientemente publicado, que recopila investigaciones realizadas durante el año pasado.Por Vanina Lombardi  

La COVID-19 no afecta en todos lados por igual. Esta diferencia es notoria y evidente entre los países: los más desarrollados tienen excedentes de vacunas mientras que algunos todavía no han podido acceder a una sola dosis de inmunización. Pero la desigualdad es igualmente notoria al interior de las fronteras nacionales, sobre todo vinculada con problemáticas de pobreza estructural que atraviesan algunas regiones desde hace tiempo.

En la Argentina existen más de 4.400 barrios populares, muchos de ellos ubicados en el vasto y diverso territorio del conurbano bonaerense, que concentra el 24% de la población nacional y el 64% de la provincia de Buenos Aires, adonde conviven barrios lujosos de alto poder adquisitivo con zonas humildes en las que puede hasta faltar el acceso a los servicios básicos. Entre ellos, agua potable y electricidad, pero también conectividad a Internet, tan necesaria en estos tiempos de pandemia, tanto para el trabajo remoto como para que niños y adolescentes puedan participar de clases a distancia.

“El escenario pre pandemia ya era problemático en términos socioeconómicos e, indudablemente, la pandemia agudiza y visibiliza fuertemente las brechas y problemas que ya existían”, afirma el investigador del CONICET Rodrigo Carmona, que fue secretario de Investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), y que actualmente es codirector del programa Empleo, Trabajo y Producción de esa universidad. Según Carmona, dos tercios de la mano de obra empleable en los barrios populares del conurbano, sobre todo del noroeste y sur, son de tipo precario o informal. Es decir, más del 60 % en la población de esos barrios está en situación de mucha precariedad y vulnerabilidad, algo que se acentuó con las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO).

“Si uno ve las tendencias y los indicadores en términos de empleo, en el sector informal hubo una caída durante la primera parte de la pandemia y después una recuperación, pero se perdieron más de 1.100.000 puestos de trabajo, y eso impacta fuertemente en el conurbano”, puntualiza Carmona, compilador del libro “El conurbano bonaerense en pandemia. Alcances y desafíos desde una perspectiva multidimensional“, publicado por Ediciones UNGS, en el que recopila resultados del trabajo en territorio, obtenidos durante el año pasado. “Fue un esfuerzo de articulación, tanto interno de la universidad, como externo, con otras instituciones como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y una red de centros del CONICET y colegas de Tucumán y Santiago del Estero”, recuerda Carmona, y aclara que este trabajo es parte de un proyecto más amplio impulsado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que busca evaluar el impacto de la pandemia en las distintas regiones del país.

En el caso particular de esta publicación, participaron 37 investigadores e investigadoras del Instituto del Conurbano (ICO) y del Instituto de Ciencias (ICI) de la UNGS, que hicieron más de 350 entrevistas a referentes territoriales, para tratar de comprender los efectos de la pandemia y evaluar las políticas públicas desplegadas, desde una mirada multidimensional, que tiene en cuenta las condiciones de vida de los hogares, las actividades económicas, productivas y laborales, y las capacidades del Estado.

“Nos parecía interesante ver el impacto de la pandemia como un hecho social complejo, con múltiples implicancias, aristas e impactos. Por eso articulamos distintos ejes de investigación”, afirma Carmona, que dirige este proyecto, y recuerda que inicialmente comenzaron con una etapa de diagnóstico, luego determinaron regiones para analizar cómo impactaba esta crisis sociosanitaria en distintos lugares del conurbano y establecieron diversos ejes de análisis: productivo, alimentario y sanitario.

Así, con el ASPO aparecieron problemas muy notorios vinculados con la cuestión alimentaria, la carencia de ingresos y problemáticas de índole socio-habitacional, a las que luego se fueron sumando, en la segunda parte del año, cuestiones vinculadas con violencia de género y vivienda. “Lo alimentario quedó como un problema más secundario en esa segunda parte del año pero ahora se vuelve a priorizar, por la suba en el precio de los alimentos y la necesidad de ingresos adicionales”, advierte Carmona, y subraya la relevancia de ciertos instrumentos estatales para atravesar esta situación, sobre todo del IFE, “que en términos sociales tuvo un rol muy fuerte para subsanar los efectos inmediatos de la pandemia”. A esto se suman el aporte de la Tarjeta Alimentar y los bolsones de comida redistribuidos por las organizaciones sociales.

“Teníamos la hipótesis de que se habían fortalecido los gastos en materia de salud, pero al analizar los datos observamos que lo que se fortaleció fue la función de desarrollo social y sobre todo de asistencia alimentaria”, agrega Bárbara Couto, investigadora del Instituto del Conurbano, y detalla que el gasto en salud por habitante se incrementó nominalmente un 25%, pero cuando se considera en relación con la inflación, la variación es negativa. Por el contrario, el gasto en desarrollo por habitante se incrementó en un 90%, y después de la inflación, el aumento real fue de un 43%. Lo mismo ocurrió con los gastos del Servicio Alimentario Escolar, que prácticamente se duplicaron en términos reales, entre 2019 y 2020.

A nivel de empleo y productividad, dos tercios de la actividad económica quedaron relegados. En el sector formal, el ATP fue el principal instrumento de apoyo para contener la crisis en las pymes y el entramado productivo en general. Por el contrario, “la pérdida de empleo mayor se dio sobre todo en el sector informal, el más vulnerable, que, al estar aislado, no pudo desarrollar su actividad”, sostiene Carmona.

“Las estructuras municipales venían tensionadas por la pre pandemia macrista, pero han mostrado mucha capacidad y flexibilidad para dar cuenta de las necesidades y los problemas en el territorio”, considera el especialista, y también elogia a ciertas redes que se han conformado a nivel social, público y privado: “hay muchas redes e iniciativas de articulación, en términos sociales y productivos, que también se impulsaron con la crisis”, dice.

Al respecto, Couto afirma que hubo oportunidades de articulación a partir del servicio alimentario escolar. “En 17 de los 24 municipios conurbano lo municipalizaron, es decir, que la gestión de esos recursos ya no es del consejo escolar. Esos fondos representan alrededor del 90% de los gastos ejecutados asignados por los municipios en materia de asistencia alimentaria”, puntualiza la investigadora, y agrega que un caso interesante es el de San Martín, adonde el servicio no está municipalizado pero el municipio articula diferentes políticas de compre local a productores de la economía social, para poder cubrir las necesidades de los bolsones que se reparten en las escuelas. “Esto genera articulaciones virtuosas entre los diferentes actores del territorio, para fortalecer a estos proveedores que están en desventaja evidente respecto de las grandes comercializadoras de los alimentos”, subraya la especialista.

La segunda ola y los municipios

Según las ejecuciones presupuestarias municipales del año 2019, el gasto per cápita en salud, en los 24 municipios del conurbano bonaerense, fue de un promedio de $ 2.899. Sin embargo, el municipio con mayor gasto per cápita destinó $ 13.576 a salud, mientras que el de menor gasto per cápita apenas alcanzó los $ 741. Así encontró el nuevo coronavirus a los municipios del AMBA, y las restricciones sanitarias potenciaron la crisis económica y habitacional de los sectores más vulnerables de esta región, incluidas las mujeres: durante 2020, el 57% de las intervenciones por violencia de género ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Allí, hubo 97 víctimas de femicidios durante el primer año de pandemia. El 86% ocurrió en la vivienda de las víctimas y el 70% de los agresores fueron parejas, ex parejas y novios.

Estos datos figuran en el tercer informe actualizado, presentado por este grupo de investigadores, que ahora se encuentra trabajando en la última etapa del proyecto, que busca delinear sugerencias de políticas públicas para contener a estas poblaciones en el futuro próximo. Para eso, entre fines de mayo y principios de julio, organizarán una serie de talleres y mesas de discusión con los actores del territorio sobre cada uno de los ejes trabajados, para llegar a conclusiones conjuntas con las cuales elaborarán un informe final con recomendaciones para la gestión.

“Aparece en escena el territorio como un escenario de construcción social y político. Hay que volver a pensar sobre lo que va a venir, porque la pandemia va a dejar un tendal de problemas a todo nivel, lo que indudablemente requerirá un juego muy innovador, tanto en términos de política pública, como de articulación público-privada y con redes sociales, para enfrentar las consecuencias que tendrá, tanto en términos sociales y sanitarios, como productivos y de empleo”, sostiene Carmona, y agrega que también se empiezan a repensar cosas como la cercanía, la movilidad, y el lugar y tiempo trabajo.

“Entendemos que la canalización de programas y recursos para empleo y actividades socioproductivas deberían tener sesgo redistributivo, es decir, buscar recomponer la situación de los grupos más vulnerables, mientras que los programas de desarrollo productivo deberían tratar de fortalecer las líneas orientadas a las cooperativas, que en muchos casos no pueden ser beneficiarias de esos programas”, agrega Couto.

“Habrá que pensar estrategias de asistencia y de apoyo al entramado productivo. A nivel regional y municipal habrá que intervenir de manera fuerte e incluso pensar nuevos marcos o programas específicos. Un estado interviniendo fuerte va a ser cada vez más relevante, sobre todo en un escenario tan crítico como es el conurbano, que vive en situación de pobreza estructural y de mucha vulnerabilidad en términos de empleo”, concluye Carmona.