El rol de las cooperativas que brindan servicios de telecomunicaciones
La cátedra libre “La conectividad como servicio esencial y garantía de derechos”, de la Universidad Nacional de La Plata, elaboró un informe sobre el desarrollo y la actualidad de las cooperativas en el área de las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales. El rol que cumplen las redes comunitarias y las regulaciones sobre el sector.
Por Matías Alonso
Durante el último año, la conectividad a Internet tomó más importancia que nunca debido a la cuarentena que obligó a virtualizar muchas actividades antes impensadas. El trabajo, la escuela y hasta la actividad social debió ser mediada por pantallas conectadas a Internet. Sin embargo, en la Argentina muchas localidades tuvieron serios problemas para conectarse y allí es adonde recobró importancia el rol de las cooperativas que brindan servicios de telecomunicaciones.
La cátedra libre “La conectividad como servicio esencial y garantía de derechos”, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), publicó su primer informe sobre la evolución de las cooperativas de telecomunicaciones en la Argentina.
Desde hace muchas décadas, las cooperativas han brindado telefonía y conectividad a poblaciones a las que no llegan con sus servicios las grandes empresas. En una primera instancia se encargaban del tendido de teléfonos –en el año 2008 llegaron a representar casi el 10% de la totalidad de las líneas en el país–, posteriormente de la televisión por cable y hoy muchas proveen servicios de Internet. Actualmente, según el relevamiento, hay 547 cooperativas que brindan servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en nuestro país.
En cuanto a la distribución geográfica, existe una fuerte concentración de cooperativas para la prestación de servicios TIC en ciudades, localidades o pueblos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que agrupan 446 organizaciones, es decir el 81,5% del total de prestadoras. En cambio, las provincias patagónicas de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con 55 cooperativas TIC, concitan solo el 10% del total en el país.
La cátedra está formada por académicos de la UNLP y también de las universidad nacionales de Córdoba, Mar del Plata, Río Negro y Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, cámaras de cooperativas (CATEL, COLSECOR y FEDECOBA), y ONGs como la asociación civil Altermundi.
El director de la cátedra es Diego Rossi, quien le dijo a TSS: “Adonde el Estado no llegaba entonces se formaron cooperativas, que llegaron a ser 300 al final del siglo XX, y brindaban telefonía y otros servicios públicos como energía eléctrica y, posteriormente, televisión por cable. Hay algunas nuevas pero, más que nada, las cooperativas que ya estaban fueron sumando servicios”.
La licitación del espectro radioeléctrico de 4G, en el año 2014, fue otorgada a las tres grandes compañías de telecomunicaciones, lo cual significó una competencia muy importante para las cooperativas. Por eso, en los últimos años, las cooperativas han conseguido licencias para operar como Operadores Móviles Virtuales (OMV), la mayoría de ellas integradas en el proyecto Imowi, de CATEL, por medio del cual alquilan una red mayorista de conectividad 4G a Movistar y la gestionan con su propio software para brindar servicios de telefonía celular e Internet móvil a sus clientes. Próximamente podrán ofrecer el servicio de cuádruple play, que incluye telefonía fija, celular, Internet y televisión por cable, lo que les permitirá competir con los grandes proveedores.
Existen otro tipo de redes que no están gestionadas por las grandes empresas de telecomunicaciones y son las licenciatarias de Servicios de Valor Agregado de Redes Comunitarias (VARC), como es el caso de las redes mesh de la ONG AlterMundi. Fueron reconocidas por primera vez por medio de la resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) 4958/2018, lo que les permitió operar pero también les impuso limitaciones a poblaciones de menos de 5000 habitantes y que la red debe ser operada por sus propios usuarios. A partir del año 2020, también pudieron contar con una herramienta de financiamiento de Aportes No Reintegrables (ANR) del ENACOM para brindar conectividad a barrios populares.
Rossi le dijo a TSS que redes como la de AlterMundi son un ejemplo de “una experiencia en crecimiento y sabemos que hay 20 licencias VARC, que no son todas cooperativas, algunas son de personas físicas, y ojalá permitan dar soluciones a la falta de conectividad. Cualquier comunicación que hagamos hoy es muy posible que no circule por una sola red sino por varias, y quienes tienen la llave de acceso son las herederas de Entel, las dos telcos, y alguna más”.
En la Argentina, ha sido muy complejo legislar sobre las políticas de telecomunicaciones y especialmente sobre los servicios de comunicación. Desde la última dictadura y hasta el 2009 ningún Gobierno había podido sancionar una ley general sobre los medios de comunicación. En ese año se sancionó la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tuvo que recorrer diferentes juzgados hasta ser ratificada por la Corte Suprema de la Nación en 2013. Sin embargo, poco de su normativa fue llevado a la práctica porque fue modificada por un decreto presidencial en diciembre de 2015, tras la asunción de Mauricio Macri como presidente, y todavía hay pocas cosas que se han modificado desde ese entonces.
“Existe una tensión entre transporte y producción de contenidos. El riesgo de la política pública es perder esa frontera con lo cual caemos en la ilusión de que la comunicación audiovisual es un ejercicio de libre mercado y nada más. Habrá que actualizar las leyes de Argentina Digital y la de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero cómo modificarlas, si es artículo por artículo o hacer una nueva codificación, depende de equilibrios políticos. Hoy, hacer una ley marco parece muy difícil en virtud de todas las tensiones que se van a poner en práctica y parece que sería más fácil hacerlo por segmentos. Sería necesario extender la frontera de lo audiovisual ya que el consumo de servicios como Netflix, Youtube y Spotify es un consumo audiovisual, con lo cual hay que incluirlo en la legislación. Es importante tener un Estado inteligente que pueda fiscalizar y pensar la evolución del sector a través del diálogo, pero que no sean solo tres quienes deciden y el resto va a la cola”, expresó Rossi.
Agencia TSS
