El proyecto de ley de respuesta integral al VIH podría de perder estado parlamentario por tercera vez

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de ley de respuesta integral al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, que corre riesgo de perder estado parlamentario por tercera vez. ¿Qué dice el texto que se aprobó y por qué es importante actualizar esta legislación?

(Agencia TSS – Por Vanina Lombardi) – La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, el último miércoles, dio dictamen favorable al proyecto de ley de respuesta integral al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, que busca actualizar la actual Ley Nacional de SIDA (23.798), vigente desde 1990. Se trata de una propuesta elaborada por organizaciones de la sociedad civil y redes de personas con VIH y Hepatitis virales, junto con el Ministerio de Salud y las sociedades académicas y científicas, que durante los últimos años han estado trabajando de manera colectiva para darle a esta legislación un abordaje integral, desde un enfoque de Derechos Humanos, que considera no solo los aspectos biomédicos, sino también los determinantes sociales de la salud.

“En los últimos 40 años, desde que se descubrió el VIH, hubo muchísimos avances científicos que han permitido que podamos vivir con VIH y tener una mejor calidad de vida. Lo que la ley vigente todavía no tiene es el abordaje social del VIH, que proteja a las personas en el ámbito laboral y educativo, y que proporcione una protección de los derechos humanos, en general”, le dijo a TSS Matías Muñoz, presidente de la Asociación Ciclo Positivo.

El proyecto fue presentado en la Comisión de Salud por la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos Entre Ríos. En la iniciativa se trabajó de acuerdo con las metas fijadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para controlar la expansión de esta enfermedad, conocidas como 90-90-90: que el 90% de las personas conozcan su diagnóstico a tiempo, que el 90% sea no detectable y que otro 90% reciba atención adecuada.

Además, incorpora las hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual (ETS) y tuberculosis, y establece que las personas que padezcan estas enfermedades pueden jubilarse a los 50 años y acceder a pensiones no contributivas, en caso de percibir remuneraciones por debajo del salario mínimo vital y móvil, aunque tengan trabajos en relación de dependencia.

Esto es importante porque “está comprobado científicamente que hay un envejecimiento prematuro en aquellas personas que tienen el virus por mucho tiempo o que están en tratamiento con antirretrovirales por muchos años”, afirmó Muñoz. Además, agregó que “los datos epidemiológicos nos han mostrado que quienes mueren por una enfermedad relacionada con el SIDA son personas arrojadas a la pobreza. Por eso, este proyecto de ley también prevé trabajar sobre los determinantes sociales de la salud, para terminar con las inaceptables muertes por SIDA”.

Por su parte, José María Di Bello, presidente de Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), le dijo a TSS que también existe una situación de vulnerabilidad laborar para las personas con VIH, que suelen ser expulsadas del mercado laboral: “Es habitual que se sigan haciendo testeos de detección forzosa del VIH en los análisis preocupacionales, lo que genera una situación de discriminación y una barrera para el acceso al trabajo. Casi el 70% de las personas con VIH se atienden en el sistema público de salud debido a que no tienen trabajo registrado”, sostuvo.

Según el último Reporte Epidemiológico de la Dirección de SIDA, ETS, Hepatitis C y TBC, actualmente viven en el país 136.000 personas con VIH positivo, aunque se estima que un 17% lo desconoce, y desde hace varios años se detectan alrededor de 5000 nuevos casos anuales, de manera sostenida. Además, el número estimado de personas con infección por hepatitis C en el país es de 332.000, de las cuales sólo el 35% fueron diagnosticadas, de acuerdo con datos del informe Las hepatitis B y C bajo la lupa, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En cuanto a la tuberculosis, según datos oficiales, durante el 2019, se notificaron 12.499 casos, de los cuales el 78% se diagnostican en la población en edad productiva (20 a 44 años).

El proyecto también declara de interés nacional a los medicamentos, vacunas y productos médicos para el tratamiento de estas enfermedades y prevé la utilización de las salvaguardas de salud incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (ADPIC), ya que muchas veces las patentes se convierten en barreras para el acceso a la salud. También, contempla la participación activa de las personas afectadas en la elaboración de los lineamientos para el diseño e implementación de las políticas públicas, en cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por el país, y propone la creación de una comisión nacional interministerial e intersectorial de asesoramiento en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, así como de un observatorio nacional sobre el estigma y la discriminación.

El primer texto para modificar la Ley de VIH actual fue presentado en el año 2016, por el diputado Jorge Barreto, de Entre Ríos. En 2018, tras perder estado parlamentario, la por entonces diputada Fernanda Raverta, volvió a presentar el proyecto, con al agregado de los artículos referidos a pensiones y jubilaciones. El proyecto actual fue presentado en 2020, luego de que perdiera estado parlamentario por segunda vez. Ahora, el texto debe ser aprobado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y luego necesita obtener la media sanción de la Cámara de Diputados. Si eso no ocurre antes de fin de año, el proyecto corre el riesgo de volver a perder estado parlamentario, por tercera vez.

Poblaciones en riesgo

Uno de los puntos más conflictivos del texto aprobado ayer en dictamen fue la inclusión de las poblaciones vulnerables comprendidas en la ley. “En el espíritu inicial, nuestra población estaba contemplada para poder recibir acceso a la salud, para trabajar en la erradicación del estigma y la discriminación, y también para realizar una campaña de sensibilización hacia nuestro colectivo”, le dijo a TSS Georgina Orellano, Secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), mientras participaba de una movilización que reunió a diversas organizaciones de los colectivos afectados frente al Anexo de la Cámara de Diputados, para exigir no solo la sanción de la ley sino también la reincorporación en el texto del proyecto del detalle de poblaciones vulnerables, entre las cuales figuraban las trabajadoras sexuales, el colectivo travesti trans y las mujeres viviendo con VIH, entre otras.

Al respecto, Orellano dijo que este proyecto no está discutiendo ninguna legislación en torno al reconocimiento al trabajo sexual, que era uno de los cuestionamientos que recibieron, sino que se trata de una cuestión de salud pública. “A nosotras nos cuesta un montón acceder al sistema sanitario, más allá de que sea público, porque hay muchos prejuicios, estigma y discriminación hacia nuestro colectivo y hacia nuestro trabajo, lo que hace que las compañeras, cuando tienen alguna problemática, no acudan ni a un centro de salud ni a un hospital”, se lamentó.

Sobre este punto, durante la sesión, Gaillard explicó: “Entendemos que era muy positivo individualizar a las poblaciones, pero esta fórmula, que habla de población en extrema vulnerabilidad, de alguna manera recoge a todas. Esto puede ser mejorado en la reglamentación, donde sí se estipulen de manera concreta cada una de las poblaciones, para no meternos en un debate que aún no ha sido saldado por el feminismo, que tiene que ver con el trabajo sexual y la prostitución, el abolicionismo y el no abolicionismo”.

Las poblaciones vulnerables han sido enumeradas por la ONU y ratificadas en la Argentina. Dicho organismo los denomina “grupos de población clave” e incluye a trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, personas transgénero, personas en situación de encierro, hombres homosexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, así como sus parejas sexuales, que según datos de ONUSIDA, en 2015 representaron el 45% de todas las nuevas infecciones por el VIH a nivel global.

“Todas estas poblaciones deben ser nombradas porque merecen políticas específicas, tanto de prevención y tratamiento, como de atención integral, pero en lugar de enumerarlas como corresponde, los diputados y las diputadas de la Comisión decidieron sacarlas, porque había conflictos entre distintas opiniones sobre el trabajo sexual y las personas en situación de prostitución”, se lamentó Muñoz y coincidió con Orellano en que “este pequeño inciso” no pretendía legislar sobre trabajo sexual ni reconocer que el trabajo sexual es un trabajo.

A pesar de esto, las organizaciones coinciden en que es necesario que se avance en el tratamiento de esta ley, que es “muy importante” para los colectivos afectados, con la intención de continuar profundizando el debate al respecto sobre este punto y poder incluir el detalle al momento de reglamentar la ley. “Queremos que el proyecto salga, es un muy buen proyecto de ley, trabajado con muchas organizaciones que integran el Frente Nacional de personas viviendo con VIH, y es una ley urgente: hay personas que no pueden seguir esperando”, dijo Orellano.

“Celebramos el dictamen. Nos quedamos con el sabor amargo de que se hayan sacado a todas las poblaciones clave y se las haya invisibilizado, pero tenemos la esperanza de poder volver a mencionarlas a todas por vía reglamentaria”, agregó Di Bello. Muñoz coincidió con esta idea y concluyó: “Borrar a las poblaciones es un retroceso, pero también entendemos que este es un proyecto que se viene discutiendo desde hace muchos años y que esto no debería frenarlo. Nos tocará trabajar en la reglamentación para volver a llamar a las cosas por su nombre”.