CEMEFIR será administrado por el Municipio de La Matanza

Más de las 10 mil personas que mensualmente realizan tratamientos de rehabilitación motora y que no cuentan con obra social ni recursos económicos para solventarlos podrán continuar con su recuperación en el Centro de Medicina Física y Rehabilitación de San Justo, debido a que la Legislatura bonaerense impidió su remate judicial.

En tal sentido, en sesiones extraordinarias, se aprobó la Ley de Expropiación de la institución ubicada en Perú 2.433, San Justo, que pasará a ser administrada por el Municipio de La Matanza.

La transformación en ley por parte de la Legislatura fue el último paso para salvar a la institución del cierre definitivo. Primero, el Concejo Deliberante matancero dictó una ordenanza de expropiación, posteriormente, senadores del distrito elaboraron un proyecto que fue aprobado en la Cámara alta y finalmente en Diputados, que lo convirtió en ley.

“Para poder salvar a CEMEFIR primero teníamos que hacer la ordenanza de actividad pública sujeta a expropiación, que eso es lo que hizo el Municipio en 2016, y después desde ahí, el salvataje financiero lo hace la Provincia por medio de esta ley que ya fue aprobada por diputados y senadores”, explicó a El1Digital la senadora bonaerense Ana Devalle.

CEMEFIR, que es el único centro de rehabilitación para personas con discapacidad psicomotriz en el distrito y que atiende aproximadamente a 500 pacientes por día, fue creado en los años ’50 debido a la epidemia de poliomielitis que afectó al país y, desde entonces se constituyó en un centro de referencia para los pacientes que necesitan rehabilitación física en el distrito.

Sin embargo, la cooperadora hipotecó el edificio y, al no poder afrontar su pago, pasó a instancia judicial. En 2011, la institución recibió una sentencia de primera instancia para el remate del edificio que fue frenada un año más tarde por la intervención de profesionales y vecinos.

No obstante, el problema no fue solucionado y el centro corrió el riesgo de ser rematado en los últimos meses, aunque la aprobación de la ley garantizará la continuidad del servicio, ahora bajo la administración municipal.

El paso siguiente para que se haga efectivo el traspaso es la promulgación de la ley por parte del gobernador, su publicación en el boletín oficial y la comunicación formal al Municipio.


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