Causas de alto impacto político comenzarán a moverse con el reinicio de la actividad judicial
(Por Ariel Zak) La actividad judicial retomó ayer su ritmo habitual, tras dos semanas de feria, y la política mirará con particular recelo los movimientos que vayan a darse en causas de alto impacto, como aquella en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial durante los gobiernos kirchneristas o los expedientes en los que se analizan presuntos hechos de espionaje ilegal durante la gestión macrista.
El lunes a las 8.30 se reanudó el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, con el comienzo del alegato del fiscal Diego Luciani que pidió nueve audiencias para desplegar sus argumentos en contra de los imputados ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, imputada en este caso, siguió la audiencia a través de la plataforma virtual zoom, según dejaron trascender desde su entorno, a la vez que recordaron que días atrás la exmandataria publicó un video en redes sociales en el que acusó a los jueces que la juzgan de tener escrita su condena.
La actividad en los tribunales federales porteños, ubicados en la Avenida Comodoro Py 2002, registrará también movimientos en expedientes en los cuales el principal imputado es el expresidente Mauricio Macri, como por ejemplo aquel en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en noviembre de 2017.
Las querellas de familiares de tripulantes ya anunciaron que apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal el sobreseimiento con el que la Cámara Federal porteña benefició al expresidente tras considerar que las maniobras de inteligencia desplegadas sobre los familiares de las víctimas tenían que ver con preservar la seguridad presidencial.
El último día antes del inicio de la feria judicial los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sobreseyeron a Macri a través de un fallo que el que sostuvieron la idea de que no se había cometido delito alguno en las “avanzadas” que cuidan el entorno completo de la seguridad Presidencial y justificaron así las fotos y los informes de inteligencia que se hicieron de los familiares que reclamaban justicia tras el hundimiento del Ara San Juan.
La abogada de una de las querellas, Valeria Carreras, ya pidió, además, que se involucre en el caso el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García Sayan y anunció que realizará una presentación ante el relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lejos de los tribunales porteños, otra causa vinculada al Ara San Juan registrará movimientos resonantes: fuentes judiciales confirmaron a Télam que el exjefe de Gabinete de ministros del gobierno de Cambiemos, Marcos Peña, será llamado a declarar testigo -bajo juramento de decir verdad- en la causa en la que se investiga si el gobierno de Macri tuvo alguna responsabilidad en el hundimiento del submarino.
En esa causa la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, busca reconstruir a partir del testimonio de los exfuncionarios cómo y cuándo fue que Macri se enteró del hundimiento del submarino, qué información recibió y qué decisiones se tomaron en relación a aquella data.
Esta causa había cobrado un nuevo impulso en noviembre del 2020 cuando la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó determinar la eventual responsabilidad penal del Macri, el entonces ministros de defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur en el hundimiento del submarino ARA San Juan y confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos hasta ese entonces por la jueza sobre altos mandos de la Armada.
Aguad y Macri están imputados, además, en otra causa que podría registrar movimientos importantes: el expediente en el que se investiga el supuesto contrabando de municiones a Bolivia durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.
Ese expediente, está en manos del juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, que antes de la feria terminó de escuchar los testimonios de todos los gendarmes que viajaron a Bolivia y que descartaron haber utilizado allí las 70.000 municiones antitumulto que salieron de Argentina con la excusa de ser destinadas a proteger la embajada en La Paz, pero se habrían desviado de destino hasta caer en manos de las fuerzas de seguridad bolivianas.
Días antes del inicio de la feria judicial, el jefe del equipo de Operaciones Especiales que viajó a Bolivia en noviembre de 2019, Martín Hidalgo, declaró como testigo que la orden de llevar las municiones anti tumulto que terminaron en manos de las fuerzas represivas de ese país fue de la entonces “conducción superior de Gendarmería” de la administración de Macri.
Quienes siguen, sobre todos desde la política, los movimientos del Poder Judicial se preguntan también que pasará con la causa conocida como “Gestapo”, donde se investiga si durante los gobierno de Macri en la Nación y María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires se ejecutaron actividades ilegales para lograr la detención del gremialista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina.
La causa la tiene el juez federal Ernesto Kreplak a pesar de que su colega porteño Marcelo Martínez de Giorgi le reclamó que se inhiba de seguir interviniendo y la envíe a Comodoro Py, tal como había reclamado el procesado exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Juan Sebastián de Stéfano.
Días antes de la feria, la Sala II de la Cámara Federal porteña consideró que la definición sobre dónde debe instruirse la causa “Gestapo” corresponde a los tribunales de La Plata y no en el tribunal de alzada de Comodoro Py, como lo había propiciado Martínez de Giorgi.
En ese expediente están procesados tres exagentes jerárquicos de la AFI, a dos funcionarios del gobierno de Vidal, al intendente de la Plata, Julio Garro, y al senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, por la supuesta persecución por medios ilegales desatada contra Medina.
Otra pregunta judicial que comenzará a develarse después del receso invernal es qué pasará con el avión que aterrizó en Buenos Aires el 6 de junio pasado con una tripulación compuesta por 14 ciudadanos venezolanos y cinco iraníes y que desde entonces permanece retenido en el aeropuerto de Ezezia, con sus tripulantes impedido de irse del país.
La causa está en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y la fiscal Cecilia Incardona quienes de modo preventivo retuvieron los pasaportes de los tripulantes mientras desplegaron una batería de pruebas tendientes a dilucidar si el avión llegó a la Argentina con algún objetivo inconfesable y distinto al declarado traslado de autopartes.
Las dudas quedaron planteadas en el expediente a partir de un informe del FBI en el que se resalta que sobre el piloto del avión Boieng 747 Matricula YV 3531, Gholamreza Ghasemi, “es CEO y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air” y que esa firma fue ligada por el Tesoro de los Estados Unidos a actividades terroristas.
