En un libro, un funcionario judicial cuenta en primera persona cómo es ser “defensor de pibes chorros”

(Por Alicia Alvado) Las fricciones con la policía por “portación de rostro”, el “reclutamiento criminal” que explota vulnerabilidades, el “armado de causas”, la violencia institucional, el peregrinar de las madres y otras características del sistema penal juvenil, son el eje de los relatos que componen “Diario de un defensor de pibes chorros” que el poeta y funcionario Julián Axat presentará mañana.

En diálogo con Télam, el exdefensor penal juvenil de la provincia de Buenos Aires (2008-2015) y actual titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal de la Nación aseguró que hace falta reformar el régimen penal juvenil regido desde hace 41 años por una ley de la dictadura, pero sin tocar la edad de imputabilidad, y solo para adecuarlo a la Convención de los Derechos del Niño “y establecer pautas del sistema acusatorio garantista”.

“El libro es una memoria donde narro mi experiencia de trabajo en primera persona con un fin de divulgación del hecho judicial vinculado a los menores de edad, algo que muy pocas veces los funcionarios judiciales han hecho”, dijo.

Axat explicó que su búsqueda del “mejor registro” para hacerlo lo llevó hasta los “aguafuertes porteñas de Roberto Arlt” por las que terminó optando, es decir, eligió como modelo estas semblanzas de la vida urbana cortas y descriptivas que aquí recrea para “contar el funcionamiento de la maquinaria judicial, su rutina, sus lugares de trabajo, la burocracia judicial y su cultura”.

“Lo más interesante para mí en estos 24 años de carrera judicial es la relación que va estableciendo uno como funcionario judicial con las personas a las que está dirigido ese sistema, sean víctimas, victimarios, imputados, testigos o familiares”, señaló.

“En el libro trabajo mucho sobre las madres, porque en las defensorías oficiales son las que tratan de sostener al chico preso a pesar de que algunas están muy mal, lidiando como pueden con una vida que les explota en las manos. Destaco su coraje e incondicionalidad, algunas de ellas ‘madres del dolor’ porque sus hijos terminan asesinados por la policía”, agregó. 

De hecho, el libro está dedicado a Fernanda Nicora, la madre de Sebastián, un adolescente de 16 años que en 2013 apareció muerto con una bala calibre 9 milímetros en su cabeza que una primera autopsia llamativamente no detectó y presumiblemente disparada por uno de esos policías que siempre lo hostigaban.

A lo largo de 250 páginas se suceden historias como la de los chicos privados de su libertad cuyo deseo de Navidad era “ver más seguido el cielo estrellado” o la del adolescente que no pudo responder sobre sus datos personales en el juicio porque perdió la voz después de un viaje en patrullero con un arma en la boca; el repaso de las artimañas que se ponen en juego durante las ruedas de reconocimientos o del caso de dos adolescentes encarcelados con prisión preventiva por haber intentado robar una botella de vino barato, pero también de sus propias reflexiones como militante de derechos humanos e hijo de desaparecidos al tener que asistir a sus defendidos dentro de excentros clandestinos como el Pozo de Arana o la Comisaría 5ª.

“El libro recoge 35 de las miles de historias que conocí como defensor, las más representativas y las que trascendieron en los medios: asesinatos cometidos por jóvenes, adolescentes prontuariados asesinados por gatillo fácil, casos resonantes vinculados a hechos de reclutamiento para cometer delitos por organizaciones criminales o por la misma policía”, señaló.

“Ahí muestro cómo un defensor de pobres y ausentes encara esas defensas, qué estrategias utiliza, cómo las aborda desde el momento que los entrevista por primera vez en una comisaría hasta que el caso es llevado a juicio, con la dificultad adicional que la sociedad los considera enemigos y parias sociales, personas que no merecen vivir”, añadió.

Puntualizó que “para ellos el sistema punitivo tiene preparado un confinamiento asegurado, si no un gatillo fácil: de ahí la importancia de que existan abogados que cumplan con la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional que otorga defensa a los que no tienen posibilidad de ser defendidos”.

Y así como existe una “selectividad punitiva” que enfoca los cañones del sistema judicial prioritariamente hacia adolescentes racializados, empobrecidos, que viven en barrios populares, se expresan y visten de determinada manera, Axat asegura que también existe una “selectividad a la inversa” para jóvenes de clase media y alta.

“El libro también cuenta cómo funciona la maquinaria judicial cuando los que cometen delitos y son detenidos en una situación de flagrancia, pertenecen a sectores medios o altos, o son ‘hijos de’. Cuando policías, fiscales y jueces se encuentran con estos jóvenes a quienes soy llamado a defender cuando no se ha designado todavía defensor particular, veo aparecer toda la hipocresía del sistema”, explicó. 

“Por lo general se les da tratamiento preferencial, hacen acuerdos y logran evadir del sistema; es decir, no son juzgados y no queda ningún registro de que pasaron por ahí”, sostuvo.

Respecto al debate por la baja de la edad de imputabilidad, “debe ser una discusión inteligente, pluralista, no electoralista, libre de demagogia punitiva y que parta de considerar a los adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos de castigo”, que no podrá sino concluir que bajar el límite a los 14 o 15 años “significaría retroceder” en relación a lo que manda el Comité de los Derechos del Niño. 

“Hace falta, sin embargo, una nueva ley penal juvenil de la democracia que establezca penas y pautas del debido proceso razonables, así como un régimen transparente para todo el país”, observó.

En ese sentido, puntualizó que esta reforma debe contemplar “la necesidad de que todas las causas por delitos contra la propiedad en flagrancia, tengan la posibilidad de un juicio oral” y no se presione a los adolescentes para que acepten “un juicio abreviado” a partir de un expediente confeccionado sólo “con el sumario policial, la declaración de la víctima, y un testigo que el policía pone”.

La nueva ley también debería poner el foco en evitar “el abuso del dictado de la prisión preventiva” para estos casos, donde es costumbre que “no se discuta tanto la prueba y se tienda a medidas cautelares anticipadas de prisionalización”. 

La presentación del libro a realizarse mañana a las 18 en la sala Cortázar de la Biblioteca Nacional, contará con la participación de la abogada penalista Claudia Cesaroni, el periodista Horacio Cecchi y el defensor Ramiro Dos Santos Freire.