Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la represión del 12 de junio buscó la criminalización de la protesta
Afirmaron que fue la “más brutal” de todas las represiones
Foto/Andrés Pelozo
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) consideró en un informe que la represión contra las personas que se manifestaron en las inmediaciones del Congreso en el marco del tratamiento de la Ley Bases el pasado 12 de junio “marca una peligrosa profundización en la política de criminalización de la protesta y pone en peligro el sistema democrático y republicano de gobierno”.
En el trabajo, se puntualizó que “más de 600 personas resultaron heridas con quemaduras por el lanzamiento de gases químicos, disparos con postas de goma y golpes con la tonfa” y se detalló que “35 personas fueron detenidas de manera arbitraria y cinco de ellas permanecen aún hoy alojadas en cárceles del sistema federal”.
Se detalló que “las fuerzas de seguridad reprimieron de manera indiscriminada y con extrema violencia justificadas por el gobierno en la aplicación del protocolo antipiquetes, aún cuando fueron los propios cordones policiales los que cortaron la circulación vehicular en las adyacencias del Congreso”.
Se concluyó que el operativo de seguridad culminó con 35 detenciones, 22 realizadas por la Policía de la Ciudad y 13 por la Policía Federal. De ese total, 33 personas fueron imputadas en el ámbito federal acusadas por graves delitos, y cinco de ellas continúan detenidas en unidades penitenciarias.
En cuanto a las consecuencias de la represión, el informe señala que, de acuerdo a lo relevado por la CPM, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y las postas sanitarias, se registraron al menos 638 personas heridas o afectadas por la violencia policial con heridas de bala de goma, quemadura provocada por los gases químicos, traumatismos de cráneo, dificultades respiratorias agudas, situaciones de broncoespamos y crisis de angustia.
Por último, se registraron tareas de inteligencia, incluida la videofilmación de manifestantes, potencialmente ilegales realizadas por personal policial de civil y/o de otra agencia estatal sin identificar. La utilización y destino de estos registros deben contar con el debido control judicial y, por lo tanto, este hecho debe investigarse.
Imágenes: A:.P:.
Fuente: Somos Télam
