En democracia no hay nada más valioso que el derecho a poder preguntar y solicitar Información

Por Gustavo Barresi, presidente de la Unión Cívica Radical de La Matanza.

El derecho de acceso a la información se define como el derecho de toda persona de buscar y recibir información en poder del gobierno, de las instituciones públicas y de las instituciones particulares que reciban fondos del Estado para su subsistencia y operatividad.

El Acceso a la Información Pública (AIP) es de suma importancia para el accionar de una ciudadanía activa y un debido y comprometido control social sobre las acciones de gobierno y sus resultados, los que generan mayores niveles de participación comunitaria para la lucha contra la corrupción y el mal desempeño de agentes públicos como así de resultados negativos de acciones y políticas llevadas a cabo por los responsables de áreas estatales, instituciones públicas y privadas cuyo sostenimiento se basa en dineros públicos.

Hemos presentado en marzo del 2020 desde el Comité de Circuito de Ramos Mejía y por mesa de entradas del Concejo Deliberante un programa de Acceso a la Información Pública.

Y esta propuesta junto a otras como la Autonomía Municipal, la Cobertura Universal Matancera, el SAME o como se denomine por la nueva gestión, el Programa Integral contra la Violencia y Acceso a la Justicia y Participación del Estado contra el Abuso de Niños Niñas y Adolescentes, la política medioambiental, Tribunales de Faltas Municipales, la Oficina Anticorrupción (por ordenanza),  la aprobación de eximir de las tasas a Jubilados y pensionados que perciban hasta un total de dos haberes mínimos, entre otros.

Son trabajos que desarrollamos para dentro de nuestro partido y de cara a los vecinos, desde nuestro espacio.

La ley Nacional 27.275 y la provincial 12.475 de Derecho a la Información Pública reconocen el derecho de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información que se encuentre en el poder del Estado.

Hoy, y aprovechándose de la pandemia, la gestión Kicillof no informa ni suministra informes desde marzo del 2020 hasta la fecha, esta es una clara demostración de impunidad y privilegios que se atribuye el gobierno provincial en detrimento de la cosa y el erario público.

En La Matanza se vulnera este derecho y la gestión no informa lo que se hace con nuestros tributos y la coparticipación, en clara vulnerabilidad de derechos que lesiona justamente obligaciones de la administración al gobierno abierto y la participación.

Es necesario “Evolucionar La Matanza” para vivir en un municipio más saludable y sustentable.


Open chat