El municipio y las fuerzas vivas matanceras justificaron las medidas de seguridad implementadas en el distrito

La trascendencia nacional que alcanzó el asesinato del kiosquero Roberto y la masiva manifestación de los vecinos de Ramos Mejía para pedir justicia y la implementación de medidas efectivas de seguridad, hizo que el Municipio de La Matanza junto a fuerzas vivas del distrito difundieran un comunicado para pedir que “no se politice la tragedia”.

En tal sentido, alrededor de 50 instituciones de la sociedad civil como sindicatos, clubes, colegios profesionales, entre otras, firmaron un documento difundido desde la comuna en el que expresaron: “Frente a un trágico hecho de inseguridad que le costó la vida a un trabajador, asesinado el domingo último en su lugar de trabajo y en total indefensión, los abajo firmantes queremos manifestar nuestro sincero acompañamiento al dolor de su familia y de sus amigos, nuestra solidaridad frente a tan irreparable pérdida y nuestro incondicional apoyo a su búsqueda de Justicia”.

En un mensaje de total apoyo al oficialismo comunal se destacó: “Hasta 2015 teníamos 5.300 policías, 150 zonas de patrullaje y 1.000 gendarmes. Pero a fines del 2019 por decisiones del gobierno nacional y provincial anterior, nos encontramos con 3.300 policías, 36 zonas de patrullaje y ningún gendarme. La Matanza reanudó aún en la pandemia la reconstrucción de su aparato de seguridad”.

Asimismo, el texto difundido remarcó que desde el Ejecutivo distrital se reflotó el Consejo Municipal de Seguridad, aunque a pesar de ello las medidas adoptadas no impidieron que el delito se incrementara exponencialmente en la comuna, principalmente, en localidades como Ramos Mejía, Lomas del Mirador, Villa Luzuriaga, entre otras.

Por otra parte, el comunicado valoró a los Foros de Seguridad del distrito, aunque desde múltiples sectores políticos, empresariales e institucionales coinciden en señalar que no cumplen con la función la para las que fueron creados debido a que no promueven reuniones entre las fuerzas vivas y la comunidad, no realizan informes periódicos con los delitos cometidos en las distintas ciudades de la comuna y, entre otras críticas, resaltan su total dependencia a los intereses del Ejecutivo comunal.

Por otra parte, los sucesos trágicos que ponen en duda la efectividad de las medidas de seguridad implementadas son las muertes de María Rosa Daglio y de Roberto Sabo, ambos asesinados en los últimos ocho meses en Ramos Mejía como consecuencia de hechos delictivos. Los dos sucesos derivaron en multitudinarias marchas que hicieron visible la creciente inseguridad que padecen los habitantes de “la quinta provincia”.

Sin embargo, en la comunicación oficial destacaron la implementación de un “Plan Integral de Seguridad impulsado en conjunto con los gobiernos nacional y provincial y con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos”.

En tal sentido, destacaron que con esa partida presupuestaria se incorporó “equipamiento, patrulleros, personal, tecnología, y se realizaron obras de infraestructura en comisarías y la construcción de dos nuevas alcaidías para 700 reclusos”.

Las fuerzas vivas que se sumaron al oficialismo para detallar las medidas adoptadas avalaron el comunicado, en el que destacaron el “regreso de la Gendarmería con 700 efectivos, a los que se sumaron 1.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Especiales UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), se incorporaron 250 nuevos patrulleros y se colocaron 15 torres vigía y 20 puntos de seguridad”.

La incorporación de tecnología también fue el eje del mensaje promovido desde el Municipio, al indicar que “se están instalando 2.000 nuevas cámaras de seguridad de alta resolución y visión nocturna controladas desde el Centro Operativo Municipal las 24 horas”. Además de sumar “lectoras de patentes y la instalación de 40 mil luminarias led, 10 mil alarmas vecinales y cámaras de última generación con reconocimiento facial”.

A pesar de las medidas adoptadas, en la última semana los vecinos de Lomas del Mirador se congregaron en las avenidas San Martín y Mosconi para exigir mayor seguridad. Siete días después la comunidad ramense se movilizó masivamente por el crimen del kiosquero Roberto. Pero, además, hoy a las 19:00 los vecinos se autoconvocaron para reclamar medidas efectivas de seguridad en la Plaza de San Justo.

Entre los firmantes del comunicado en respaldo al Municipio se destacan los Veteranos de Guerra de La Matanza; por el sector empresario están la Federación Empresaria de La Matanza, la Cámara de la Industria del Calzado y el Centro de Industriales Panaderos de Matanza; las dos centrales sindicales CGT y CTA locales; la federaciones de jubilados; diversos colegios profesionales como el de Ingenieros, de abogados y graduados de Ciencias Económicas de La Matanza; Docentes, directores e inspectores; Defensora del Pueblo; referentes de distintos credos como el Movimiento Cristiano de la Matanza, el Consejo Pastoral Evangélico y la Iglesias evangélicas de La Matanza; además de una decena de clubes sociales y deportivos y foros vecinales.


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