La Matanza, un municipio al servicio de los funcionarios

Por Santiago Tulián, presidente de la Juventud Radical de La Matanza

Hace unos días, el secretario General de la Juventud Radical de La Matanza, Mauro Sposato, presentó en la mesa de entradas del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza dos pedidos de informes solicitándole al Ejecutivo municipal que brinde información precisa sobre la inversión que realiza en materia de Seguridad y Publicidad. El objetivo de la petición estaba a las claras: saber cómo y en qué se gasta el presupuesto municipal destinado a brindarle seguridad a todos los vecinos de La Matanza, a la vez que se pretendía conocer el paradero de los fondos asignados a la publicidad de los actos de gobierno, así como a las diversas campañas que promociona el municipio.

A decir verdad, si las cosas fueran como deberían ser, no sería necesaria la presentación de los pedidos de informes por parte del secretario General de la Juventud Radical de La Matanza. Pero la realidad marca un panorama diametralmente opuesto. Nos presenta un divorcio absoluto entre la teoría política y su práctica, un alejamiento, no sólo impensado, sino dañino para el pueblo matancero.

A la presentación de la Juventud Radical, debemos agregarle lo ingresado hace unos días por Gustavo Barresi, Presidente de la Unión Cívica Radical de La Matanza, solicitando la creación de una oficina anticorrupción. Pero no es la primera vez que presenta algo similar. En marzo de 2020 había ingresado otro proyecto para la adhesión por parte del municipio a la ley nacional de Acceso a la Información Pública.

¿Qué sabemos hasta ahora de todas las presentaciones? Básicamente, que han recibido la misma atención que aquella que el municipio le destina a trabajar por convertirse en una gestión abierta y transparente, es decir, ninguna.

¿Cómo es que dice aquella frase inspiradora, que está muy de moda en estos días? Ah, ya recordé: “Convertir los defectos en virtudes”. Evidentemente, el Municipio de La Matanza transmuta los valores y transforma las debilidades en fortalezas; esto es, hacer de la caradurez una herramienta virtuosa.

El acceso a la información y a los datos públicos son derechos que tienen los ciudadanos por su carácter de tales, por ser sujetos que integran una comunidad políticamente organizada, lo que significa que la existencia del gobierno está sujeta a la voluntad creadora de una ciudadanía que decide inventarlo para salvaguardar y tutelar sus intereses. Por lo tanto, los gobiernos velan por los intereses de los pueblos, que son su razón de ser, y no de los funcionarios que lo componen, dado que estos son servidores públicos, esto es, personas que están al servicio de las necesidades de la ciudadanía.

Pero salgamos de los fundamentos filosófico políticos que explican la existencia del gobierno. Pensemos el cuadro desde una lectura económica. Ya sabemos que el gobierno existe y su motivo. Ahora debemos saber cómo hace para funcionar desde el punto de vista de la economía. Básicamente lo hace a través del cobro de tasas, contribuciones y de los ingresos coparticipables que la provincia de Buenos Aires le traspasa al municipio (más de la mitad de sus ingresos son coparticipables). Así es como el municipio logra conseguir los ingresos que posteriormente utilizará para llevar adelante su plan de gobierno. El Ejecutivo Municipal podría tener obstáculos y/o contratiempos en sus intenciones, producto de las limitaciones que nos ofrece el sistema republicano, pero como posee mayoría en el Concejo Deliberante desde el año 1983, tiene todas las facilidades para implementar los objetivos que se ponga por delante.

Ahora bien, nosotros, los ciudadanos, que somos aquellas personas a las cuales nos sustraen directa e indirectamente esos recursos, no solo queremos saber hacia dónde van a parar, sino que tenemos derecho a saberlo. Justamente, es plata que ya uno no se queda para sí, sino que va directamente hacia las arcas públicas. No es dinero que uno puede gastar o atesorar, es un recurso económico que obligatoriamente el Estado sustrae para el funcionamiento del gobierno. Entonces, más que nunca ese gobierno está obligado a decirnos en qué gasta los recursos que nos quita y cuál es el motivo por el cual decidió gastar en tal lugar y no en aquel otro.

Los pedidos de informes, las presentaciones de proyectos para democratizar y transparentar el gobierno, son algunos de los ejemplos que demuestran por qué el municipio no hace lo que debería hacer, y cuyo resultado es un pueblo matancero con más de 50% de pobreza; que tiene un 30% de sus calles sin asfaltar; en el cual un 40% de los vecinos carecen de una red cloacal; en donde miles deben convivir con más de 120 basurales a cielo abierto, y; cuyos indicadores de inseguridad son de los más altos de toda la provincia.

Eso sí, esta información se puedo recolectar a través de la lectura y estudio de informes privados, porque el municipio sigue defendiendo sus intereses corporativos y no los de la ciudadanía.